Crisis financiera en Tigo desencadena confrontación política en Colombia

A menos de dos meses de las elecciones regionales en Colombia, la crisis financiera de la compañía de telefonía móvil Tigo ha desencadenado una intensa controversia que involucra al Gobierno nacional y local, accionistas y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La empresa de telecomunicaciones Tigo es propiedad conjunta de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la multinacional Millicom. En una reunión reciente, los accionistas discutieron el futuro de Tigo, pero el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, denunció que Millicom realizó una “dilución forzosa” para adquirir el 98 % de Tigo, dejando a EPM con solo el 2 %. Quintero alega que esta maniobra pone en riesgo el patrimonio de los ciudadanos y acusa al expresidente Uribe de estar involucrado en el proceso.

El alcalde Quintero explica que, según el contrato, en caso de irregularidades en la administración de Tigo, se puede exigir la devolución del dinero público invertido. Sin embargo, afirma que Uribe influyó para cambiar los votos en el Concejo de Medellín, impidiendo que se recuperara el dinero.

Hace tres semanas, Millicom anunció que Tigo estaba en quiebra y presentó dos opciones: capitalizar la empresa con $300.000 millones o llevar a cabo la dilución, adquiriendo la mayor parte de Tigo.

Quintero denuncia que ambas opciones son perjudiciales para la ciudad y comparó la situación con otros casos en los que, según él, se han perdido miles de millones de pesos públicos.

El alcalde enfatiza que el objetivo es garantizar la continuidad del servicio de Tigo y evitar que la empresa sea “robada”.

Por último, Quintero subraya la importancia de que cualquier decisión sobre la dilución pase por el Concejo para que se negocie justamente el valor de la compañía.

Esta controversia sobre Tigo ha generado un intenso debate político y financiero en Colombia en un momento crucial antes de las elecciones regionales.