Víctimas de “falsos positivos” piden que militares reconozcan los crímenes

Escrito por el 7 julio, 2021

La JEP imputó el martes a un general, seis oficiales y tres suboficiales y a un civil por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Madres y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de civiles pidieron este martes que los 10 militares, entre ellos un general, y un civil imputados por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) por el caso de los “falsos positivos” “reconozcan sus delitos”.

“Para nosotros es una gran satisfacción estar escuchando esta determinación que está dando la JEP y yo creo que más claras no pueden estar las cosas”, dijo a Efe la representante legal de la organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), Jacqueline Castillo.

En la primera decisión sobre el Caso 3, que corresponde a “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, la JEP imputó el martes a un general, seis oficiales y tres suboficiales y a un civil por “crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

La JEP acusa a los militares y al civil de supuesta “participación determinante” en el asesinato de al menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo, Norte de Santander, presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008.

Los “falsos positivos” es como se conoce de forma popular en Colombia a uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano en el que militares ofrecían trabajo a jóvenes, sobre todo de clases bajas, para llevárselos a otras partes del país y asesinarlos, y presentarlos como bajas en combate y así conseguir incentivos y premios de sus superiores y del Gobierno.

La JEP puntualizó que luego de analizar documentos oficiales encontró que los implicados destruyeron pruebas una vez iniciadas las investigaciones y que también compraron y alteraron testimonios y declaraciones.

En el auto, de casi 300 páginas, la JEP recopila cómo los jóvenes eran reclutados bajo premisas de “un trabajo bien remunerado” en municipios como Soacha, llevados al convulso Catatumbo y de ahí en algunos casos les ofrecían “trago” o “drogas”, no les dejaban contactar con alguien y eran entregados a una “unidad militar ejecutora”.

De ahí había un “plan criminal”, donde miembros del pelotón se ofrecían voluntariamente o eran elegidos por consenso o por orden directa de un superior para ejecutar a los jóvenes, ponerles armas compradas en el mercado negro y uniformes de la guerrilla, además de encubrir el asesinato desde un punto judicial.


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