Alias “Pichi”, el Pablo Escobar de Santander, se fugó de su casa por cárcel

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, llegó este viernes a Medellín para asumir personalmente el caso de Óscar Camargo Ríos, alias ‘Pichi’, quien se fugó el pasado jueves, lo que ha generado una ola de críticas sobre las medidas de seguridad aplicadas a este peligroso delincuente. A pesar de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) había emitido seis alertas sobre el riesgo de fuga, el juzgado competente no actuó a tiempo para prevenirlo.

En una entrevista, la ministra Buitrago explicó que el Inpec notificó en repetidas ocasiones al juzgado sobre la posibilidad de fuga, pero el tribunal no tomó acciones preventivas. “El Inpec había pasado más de seis alertas y, aun así, no se tomó en cuenta. Lo lógico era que los jueces revocaran la medida de detención domiciliaria”, declaró Buitrago.

El Inpec, según la ministra, no tiene la capacidad legal para revocar medidas sin una orden judicial, lo que limita sus acciones ante situaciones de riesgo. En este caso, el oficio del juez llegó tarde, cuando ‘Pichi’ ya había escapado. “El procedimiento obliga a que el Inpec reciba una notificación oficial del juzgado para actuar. Esta llegó a las 8:05 a.m., pero ya era tarde”, explicó.

Buitrago también se refirió a la necesidad de investigar a los funcionarios judiciales implicados en la decisión de otorgar detención domiciliaria a ‘Pichi’, quien ya contaba con un historial delictivo considerable y diversas alertas de peligro. El magistrado Alfonso Cajiao, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ha ordenado una investigación en torno a los jueces responsables de no actuar a tiempo.

La ministra subrayó, además, la importancia de los brazaletes electrónicos para monitorear a las personas en detención domiciliaria, aunque manifestó su preocupación por el hecho de que algunos detenidos logran inactivar o dañar estos dispositivos. ‘Pichi’ estaba bajo arresto domiciliario y habría burlado el control de su brazalete para efectuar su fuga.

Este caso ha puesto nuevamente en el foco la eficacia del sistema de justicia y los procedimientos para gestionar a criminales de alto riesgo, generando preocupación entre la ciudadanía y un llamado a reformas urgentes en los protocolos de seguridad penitenciaria.