Austeridad en el gobierno: Proyecto de ley elimina gastos en marcas gubernamentales
Escrito por Jefferson Bermúdez el 8 noviembre, 2023
En una sesión plenaria del Senado de la República, se aprobó un proyecto de ley presentado por la Alianza Verde que tenía como objetivo eliminar las marcas de gobierno que cada mandatario, incluyendo presidentes, alcaldes y gobernadores, proponían durante sus mandatos, lo que implicaba gastos significativos en diseño de logos, publicidad y material. Los representantes Carolina Giraldo y Cristian Avendaño, quienes presentaron el proyecto, afirmaron que estos cambios de imagen gubernamental costaban al país alrededor de $2 billones anuales.
La iniciativa legislativa buscaba establecer una única identidad visual para las entidades gubernamentales, incluyendo ministerios, las Fuerzas Militares, la Fiscalía, la Procuraduría y el Congreso, de modo que no hubiera cambios en la identidad visual cada vez que se produjera un cambio de liderazgo. La idea principal era evitar que el país tuviera que invertir grandes sumas de dinero en papelería, logos y otros elementos de identificación con cada cambio de gobierno.
La senadora Angélica Lozano, quien lideró el proyecto en el Senado, señaló que esta iniciativa tenía como objetivo promover gobiernos más austeros y evitar gastos innecesarios en cambios de publicidad, logos y elementos de identidad corporativa.
El siguiente paso en el proceso es que el Congreso concilie el proyecto y, posteriormente, el presidente lo sancione como ley de la República. La legislación busca reducir los costos asociados con la actualización de papelería, colores, eslogan, y otros elementos que deben cambiarse cada cuatro años para reflejar la nueva marca de gobierno de cada mandatario.
Cristian Avendaño, uno de los representantes ponentes del proyecto, calificó como “vagabundería” el hecho de que algunos funcionarios públicos prefirieran cambiar la identidad visual de sus entidades sin considerar la importancia de preservar la identidad cultural e histórica de sus territorios, y a menudo, gastaban fondos públicos para enaltecer su propia imagen personal o la de sus partidos políticos.
El documento presentado en el Congreso especifica que, a partir de la sanción de la ley, las entidades tendrían un plazo de seis meses para ajustar su identidad visual.
