Gobierno indaga ante EEUU sobre Grupo Aval y Corficolombiana por caso Odebrecht
Escrito por Jefferson Bermúdez el 21 agosto, 2023
El acuerdo de procesamiento diferido, suscrito por Corficolombiana y el Grupo Aval con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, surgió en respuesta a las acusaciones de violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación al caso Odebrecht.
Corficolombiana y el Grupo Aval aceptaron este acuerdo, comprometiéndose a pagar una multa sustancial para poner fin a las investigaciones en curso. Sin embargo, este pacto va más allá de un simple desembolso económico, ya que implica implicaciones legales y de reputación de gran magnitud.
La directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, ha oficializado una solicitud al canciller Álvaro Leyva para obtener información a través de canales diplomáticos sobre las sentencias penales o sanciones administrativas dictadas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el Grupo Aval y Corficolombiana. Este paso resulta esencial en el proceso de determinar si las empresas pertenecientes al Grupo Aval están aptas para contratar con el sector público.
La evaluación de si el Grupo Aval está inhabilitado para hacer negocios con el Estado debido a las acusaciones de prácticas corruptas supone un desafío legal y ético de gran envergadura.
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado debe examinar si el acuerdo de procesamiento diferido implica un reconocimiento de prácticas corruptas y si esto afecta la idoneidad del grupo para participar en procesos de licitación pública. La complejidad radica en discernir entre responsabilidad colectiva e individual, además de definir si los detalles del acuerdo llegaron a la alta dirección.
Si se llega a la conclusión de que el Grupo Aval no puede contratar con el Estado, las consecuencias para los contratos públicos de sus filiales podrían ser profundas. Esto obligaría al grupo a transferir estos contratos a terceros y a emprender acciones de reparación para compensar los daños ocasionados al Estado. Un precedente similar se vivió con la Unión Temporal Centros Poblados en el sector de las TIC, lo que resalta la gravedad de las implicaciones.
La colaboración judicial entre Colombia y los Estados Unidos desempeña un papel crucial para aclarar los detalles de las acusaciones y llegar a una resolución justa. La cooperación entre la SEC, el FBI y las autoridades colombianas resulta vital para el progreso de este proceso y para asegurar la aplicación adecuada de las leyes.
