Las tres mayores EPS advierten crisis financiera impactando a 13 millones de personas

El 27 de julio pasado, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, recibió una carta de tres páginas por parte de los líderes de tres reconocidas EPS: Pablo Otero de EPS Sura, Juan Pablo Rueda de Sanitas y Andrés Barragán de Compensar. En la misiva, se destaca la “difícil y angustiosa situación financiera que enfrenta nuestro sistema de salud”.

En el comunicado, se pone de manifiesto la preocupación por la viabilidad financiera de estas entidades. Se destaca que el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que el Estado paga por cada afiliado, resulta insuficiente para cubrir el Plan Básico de Beneficios. Esto se agrava con la carga de deudas pendientes como presupuestos máximos, recobros y canastas relacionadas con la pandemia de COVID-19.

Los presidentes de las EPS enfatizan en la importancia de encontrar una solución para “evitar el colapso y un daño irreversible que afecte tanto a la población como al sistema”. Alertan sobre las dificultades que están enfrentando para continuar la prestación de servicios y llegan a expresar su preocupación de que podrían tener problemas para operar a partir de septiembre de este año.

Tanto la EPS Sanitas como Compensar EPS comunicaron que, de continuar la situación actual, es probable que no cumplan con los indicadores financieros al finalizar el año.

En un intento por resolver esta crisis, solicitaron una reunión urgente con el ministro Guillermo Jaramillo, que fue programada para el miércoles, 23 de agosto, a las 8:00 de la mañana en la sede del Ministerio de Salud.

Las causas de esta problemática se centran en tres aspectos estructurales del sistema: la insuficiente UPC para cubrir los beneficios básicos, una distribución desigual de las cargas de enfermedad y el retraso gubernamental en el pago de deudas relacionadas con COVID-19, recobros, presupuestos máximos y licencias.

Esta situación es altamente preocupante, dado que las tres EPS involucradas, junto con sus 13 millones de afiliados, emplean a 34 mil personas, directamente afectando a 136 mil dependientes.

Aunque se encuentra en discusión un proyecto de reforma a la salud, esta crisis financiera persistirá independientemente de la aprobación o rechazo del mismo en el Congreso de la República.